El Gobierno de México amagó con expulsar a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) si no se retiraban los cargos contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, de acuerdo con los diario estadounidenses The New York Times y The Washington Post, así como la revista alternativa Vice World News.
Información de Proceso, se cita una nota fechada el 18 de noviembre y publicada por The New York Times que “desde el momento en que los federales estadunidenses arrestaron al ex secretario de Defensa mexicano hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados”.
La nota firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff cita a “tres personas con conocimiento del asunto” para revelar una advertencia “sin precedentes” hecha por el gobierno mexicano a Washington:
“Si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar de país a los agentes antidroga estadunidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia”, explicó.
La amenaza de México tuvo como resultado que el 18 de noviembre a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn, Carol B. Amon, desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos Zepeda, un general retirado del Ejército.
The New York Times cita una carta enviada por los fiscales a la jueza, en la que reconocieron el desistimiento de los cargos por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” y mencionó, además, que Seth DuCharme, fiscal en Brooklyn admitió en la audiencia en Nueva York que con esta decisión se busca proteger “la relación de Estados Unidos con México”, en cuanto a asuntos de seguridad conjunta se refiere.
En respuesta la jueza Amon dijo: “No tengo ninguna razón para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades mexicanas desean sinceramente continuar con una investigación y un posible procesamiento de este acusado. No hay indicios de que está solicitud se esté haciendo de mala fe o que aceptando el razonamiento del gobierno sea contra el interés público”.
Tras la detención de Cienfuegos, altos funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones en las que “la sensación no era que Cienfuegos debía ser liberado de las acusaciones, sino que las fuerzas del orden estadounidense habían traicionado su confianza al no informar a México sobre una investigación de un personaje de tan alto perfil”.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se había violado “la soberanía de México”, ya que “los iracundos funcionarios militares mexicanos presionaron al gobierno para tomar medidas”.
Para The Washington Post, “la extraordinaria decisión de liberar a Cienfuegos luego de que una investigación estadounidense de alto secreto a largo plazo supuestamente reveló sus vínculos con el hampa criminal de México es un giro inesperado en uno de los casos de tráfico de drogas de más alto perfil en las últimas décadas”.
En una nota firmada por Kevin Sieff, Mary Beth Sheridan y Matt Zapotosky, fechada el 17 de noviembre se señala que los fiscales estadunidenses pidieron que se desestimaran los cargos en Estados Unidos con la posibilidad de que pudieran volverlos a presentar, pues confiaron que las pruebas contra el general son “sólidas” y que la solicitud se hiciera formal hasta que los alguaciles estadunidenses pudieran repatriarlo.
Para Vice World News, “el movimiento asombroso y sin precedentes reveló una crisis diplomática entre los países vecinos y mostró hasta dónde está dispuesto a llegar México para proteger a un alto funcionario militar de la persecución de Estados Unidos”.
También citó a un funcionario de las fuerzas del orden público estadounidense que no está autorizado para hablar en público pero que les dijo que la amenaza de expulsar a la DEA de México era “exagerada”, pero debía ser tomado en serio y confió que el Departamento de Justicia lo arregle porque no pueden hacer negocios así.Asimismo, señaló que el canciller
Marcelo Ebrard había dicho el martes que solicitó pruebas contra Cienfuegos Zepeda a Estados Unidos y se las entregaron el 11 de noviembre, por lo que están revisándolas en la Fiscalía General de la República (FGR) para decidir cómo proceder.
Y citó a otro funcionario policial estadounidense familiarizado con el caso, quien aclaró que esta decisión no es por falta de pruebas. “Para ser claros –sentenció–, es muy corrupto”.
En su opinión este asunto podría tener implicaciones a largo plazo si Cienfuegos Zepeda queda libre, como que los funcionarios mexicanos apliquen presiones políticas y diplomáticas para deshacer el arresto de personas bien relacionadas.
“El gobierno de México aprendió mucho aquí en su trato con nosotros. Aprendieron a presionar algunos botones. Estratégicamente, esto fue una pérdida”, afirmó.