¿Recuerdan el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las tres mujeres otomíes que en marzo del 2006 fueron acusadas de secuestrar a seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un desalojo a comerciantes en el Estado de Querétaro?
Sí, aquellas mujeres otomíes que fueron encarceladas injustamente y sentenciadas a 21 años de cárcel por “secuestrar” a seis agentes armados de la AFI, mientras vendían aguas frescas en el mercado de Santiago Mexquititlán. ¿irónico, cierto?
Para un juez, no. Él las halló culpables al considerar contundente una prueba presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), una fotografía de un diario local en dónde Jacinta, aparecía asomándose al borlote que se suscitó en su comunidad cuando los agentes de la AFI se presentaron sin uniforme y sin una orden y comenzaron a causar destrozos con lujo de violencia.
Al lugar llegó un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Curiosamente los agentes prometieron reparar los daños y se retiraron dejando “en garantía” a uno de sus compañeros. Más tarde regresaron y pagaron lo pactado.
Meses después, llevaron con engaños a Jacinta a la ciudad de Querétaro, la detuvieron y la juzgaron inmediatamente en español, cuando ella solo hablaba ñhä-ñhú (otomí). Lo mismo pasó con Alberta y Teresa.
En ese entonces, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez inició un movimiento en defensa de estas tres mujeres. En redes sociales muchos usamos el hashtag #YoSoyJacinta exigiendo un juicio justo y la liberación de quienes en ese momento parecían tener en su contra no solo a la justicia y a las instituciones, sino también tres condiciones: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y miles de voces más se levantaron, diciendo: Yo también soy Jacinta.
Tres años después, Jacinta fue liberada.
En septiembre del 2009, abandonó el Reclusorio Femenil de San José el Alto luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias en su contra. Siete meses después la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alberta y Teresa.
En septiembre de 2010, Jacinta presentó un recurso administrativo en contra la de PGR por la irregularidades que se presentaron en su caso, además una reparación económica de 55 mil pesos por daños materiales y morales.
En diciembre de 2012, la PGR se negó a pagar la reparación de daños a Jacinta, Alberta y a Teresa; situación que volvió a rechazar en febrero del año en curso, bajo el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.
Hace un mes, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la PGR a pagar el daño ocasionado. Sin embargo, el próximo 7 de julio vence el plazo para que la PGR pueda recurrir la sentencia del caso de Jacinta, es decir, interponer un recurso legal para anular la reparación del daño.
Hoy nuevamente te necesitamos, hoy debemos ser de nuevo Jacinta.
Súmate a la campaña de muchas organizaciones de la sociedad civil que exigimos que la PGR cumpla la reparación del daño a Jacinta, Alberta y Teresa.
Usa el hashtag #YosoyJacinta y/o envía una carta al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para pedirle que retire los recursos que niegan la reparación del daño a Alberta y Teresa, y que no interpongan un recurso más en el caso de Jacinta.
Espero sus comentarios.
Twitter: @MichelQuiroz
E-mail: michelquiroz@gmail.com
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