Parlamentarios y parlamentarias que trabajan en construir una nueva Constitución mexiquense propusieron garantizar el derecho a la ciudad, establecer que sean sostenibles, inclusivas y seguras, hacer obligatoria la separación de basura para aprovechar y reciclar un mayor número de desechos, lograr una reactivación económica, la entrega de apoyos a la ciudadanía e incentivos a empresas.
También el impulso a mercados con un presupuesto anual etiquetado, considerarlos patrimonio cultural tangible e intangible, establecer una renta básica mensual a grupos en pobreza, pobreza extrema, desempleados y la desconexión digital o física después de la jornada laboral.
Durante los trabajos de este martes en el Parlamento Abierto sesionaron dos comisiones: la de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad, así como la de Desarrollo Económico, donde se hicieron diversos planteamientos. En la primera quedan pendientes 32 iniciativas, en la segunda ya concluyeron sus trabajos.
En la comisión de Desarrollo Urbano el principal planteamiento fue la ampliación del derecho a la ciudad, garantizarlo para las infancias, disminuir la violencia hacia las mujeres, eliminar la discriminación, contar con ciudades seguras, inclusivas y sostenibles donde se separen los residuos, pues actualmente apenas 9.63 por ciento de ellos se reciclan.
Mientras Sharon Gómez propuso ampliar el derecho a la ciudad e incluirlo en los planes de desarrollo, Jorge Hernández Alonso advirtió la necesidad de garantizar el derecho a la ciudad para las infancias, privilegiar a los peatones sobre los automóviles y definir nuevos diseños de calles y aceras.
Annette Martínez propuso que sea una obligación del Estado y de los municipios fortalecer el derecho a la ciudad, reducir la violencia, la discriminación, impulsar la recuperación de espacios públicos y la movilidad, entre otros.
En la comisión de Desarrollo Económico Magdalena Carrasco planteó la creación de un presupuesto anual etiquetado para los mercados municipales que generan 77 mil 810 empleos directos en la entidad, a fin de garantizar el mantenimiento de su infraestructura, pues son espacios que han sido olvidados.
Mientras Benjamín Murguía Jiménez advirtió la necesidad de reactivar la economía e impulsar a los jóvenes, a las pequeñas y medianas empresas, crear corredores ecoturísticos, ferias de empleo y estímulos fiscales a empresas. Pablo Santiago Torres propuso mejorar los trámites de licencias y permisos y Alexis Olvera Pino una Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.
En esa norma planteó que se crearía una renta básica para personas en situación de pobreza, en pobreza extrema y desempleadas, a quienes les entregarían mil 750 pesos al mes en beneficio de 3.9 millones de mexiquenses, con lo cual se lograría una disminución progresiva de la pobreza de hasta un 25 por ciento y la reactivación económica local y municipal hasta en un 35 por ciento.
Además, David Ramírez Torres presentó una iniciativa para establecer el derecho a la desconexión física o digital de las personas trabajadoras después de la jornada laboral, pues explicó que el descanso no sólo permite una mejor salud, sino también un mayor rendimiento.
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