Aproximadamente ocho mil personas agremiadas al Movimiento Antorchista realizarán el próximo 9 de abril, una cadena humana que iniciará en la PGR y concluirá en Los Pinos.
La protesta será para demandar al Presidente de la república, Enrique Peña Nieto, su intervención inmediata para que aparezca sano y salvo, Manuel Serrano Vallejo, padre de la presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano, quien fue secuestrado desde hace 184 días.
De acuerdo con el portal de noticias Reporteros en Movimiento, la finalidad será también exigir a la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) avances concretos en la investigación, pues a pesar de que asumieron el compromiso de darle seguimiento al caso, a la fecha se desconocen los resultados.
El plagio de Serrano Vallejo, el pasado 6 de octubre del 2013 es político, pues quienes lo conocen saben que sus actividades económicas son honestas y modestas, como lo es la venta de periódicos en el municipio de Tultitlan, por lo tanto es una persona de la tercera edad que no tiene motivos para ser secuestrable.
Maricela Serrano Hernández, integrante de la dirección nacional del Movimiento Antorchista es presidenta del municipio mexiquense de Ixtapaluca. Durante la campaña se enfrentó a grupos de poder del priismo mexiquense, quienes buscaron por todos los medios frenar su trabajo político. El último recurso fue las amenazas a su familia, así como a integrantes del antorchismo en el municipio.
Las protestas mediante cadenas humanas no obstruyen la circulación vehicular y peatonal y se han llevado a cabo en diversas dependencias gubernamentales, por lo que a seis meses del secuestro del padre de la alcaldesa se retomarán las acciones de protestas hasta ver de regreso sano y salvo Manuel Serrano Vallejo.
Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista señaló que es necesario para la paz y la tranquilidad de los antorchistas y de todos los mexicanos, que no se den este tipo de secuestros políticos y que las autoridades estatales y federales deben atender el clamor de justicia de los ciudadanos.