La aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Senado de la Nación implicaría violaciones a las garantías individuales de la población, pues facultará al titular del Ejecutivo para mantener por tiempo indefinido a las Fuerzas Armadas en las calles, realizando tareas de seguridad pública para las cuales no está facultada esa institución, alerta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los diputados priístas desecharon las recomendaciones de diversas organizaciones de derechos humanos, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de las que externaron el retroceso en materia civil que representaría la aplicación de esa ley, pues supondría la legalización de la estrategia, fallida, de militarización del país que lleva ya 10 años en México.
De acuerdo con el analista José Gil Olmos, esta legislación es una “Ley del Garrote” que encuentra su explicación en el marco del proceso de elecciones del siguiente año, pues “… la aprobación de este ordenamiento es la legitimación de la fuerza militar y policíaca para sofocar cualquier movimiento de inconformidad social, como podría surgir ante unas elecciones fraudulentas en el 2018”, y trae a la memoria los penosos casos de represión del movimiento estudiantil en 1968 y la “Guerra Sucia” de la década de los setentas del siglo pasado.
En este marco, la CNTE ha indicado que la ley criminalizará la protesta social, el derecho de libertad de expresión del ser humano. Así lo afirmó ante medios el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la región de Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado.
“Es importante presentar un proyecto alternativo de nación. Estamos de acuerdo en que es un proceso de renovación de México y nos oponemos a la Ley de Seguridad Interior… Exigimos a los senadores que rechacen la iniciativa, porque se pretende eliminar el derecho a la manifestación”.
La Ley de Seguridad Interior dará facultades extraordinarias al Ejecutivo, por encima de los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que disponga de la totalidad de las Fuerzas Armadas, integrada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para hacer frente a procesos, situaciones y manifestaciones sociales que rompan el “orden interno” del país.
El documento de la ley indica que la seguridad interior tiene como propósito “Garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.
Sin embargo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha recibido, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre del 2016, 82 mil 745 quejas por violación a las garantías individuales, de las cuales 23 mil 347 corresponden a miembros del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la PGR.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que tiene un registro de 4 mil 483 denuncias en las que se señala a la Secretaría de la Defensa Nacional como responsable de violación de garantías individuales, y mil 32 denuncias en las que se indica a la Secretaría de Marina como responsable de actos violatorios de derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior puede ser consultada en el siguiente enlace: