Toluca, Estado de México; 25 de septiembre de 2019.- En la Cámara de Diputados local se realizará este año la revisión a las declaraciones patrimoniales del 12 por ciento de los servidores públicos, es decir, 217, entre ellos, nueve de los 75 legisladores, así como asesores, secretarias, secretarios técnicos, entre otros.
El objetivo es revisar que la información registrada se ajuste a la remuneración percibida por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y, en dado caso, de otros ingresos declarados, es decir, que no existan indicios de un posible enriquecimiento ilícito.
Los datos de esas declaraciones, que incluyen información patrimonial, de intereses y fiscal, solo se pueden conocer si los servidores las hacen públicas. Hasta ahora son muy pocos quienes han hecho estas declaraciones, también conocidas como #3de3.
De los más de mil 800 trabajadores que laboran en la Legislatura mexiquense, 217, elegidos de manera aleatoria entre las diferentes depedencias de la Cámara de Diputados mexiquense, serán sujetos de revisión a su evolución patrimonial, según un acuerdo de la Contraloría del Poder Legislativo.
El mayor número de servidores públicos a quienes les revisarán sus declaraciones pertenecen al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), con 73, entre los que se incluyen auditores; de los grupos parlamentarios se seleccionaron 50, sobre todo asesores y secretarias; mientras que en la Secretaría de Administración y Finanzas también serán 50.
De la Contraloría solo serán 13; en Asuntos Parlamentarios, 11, entre ellos secretarios técnicos; en Comunicación Social serán 9, al igual que en la Legislatura, es decir, diputados. También se contará a uno del Instituto de Estudios Legislativos mexiquense (INESLE) y otro de la Unidad de Información.
La selección del tamaño muestral se determinó, de acuerdo con la Contraloría, considerando recursos y capacidades del Departamento de Registro Patrimonial para la realización de la evolución patrimonial y el número de servidores de cada área, según la población de empleados que tiene cada una.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios obliga a efectuar una verificación aleatoria de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.
En este año 46 asesores de los diferentes grupos parlamentarios no presentaron sus manifestaciones de bienes, ni sus declaraciones de conflicto de interés a tiempo, pero entran en la revisión aleatoria.
Hasta el momento no se han hecho públicos casos de enriquecimiento ilícito.
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