Los candidatos podrán polemizar sobre quién ganó el segundo debate –y hasta arrebatarse la pírrica victoria–, pero lo único incontrovertible es que con ese tipo de ejercicios, desarrollados de tan mediocre manera, no ganan nada los electores. Nuestra democracia siempre está un paso atrás y camina lento. El IEEM quedó a deber mucho con ese formato.
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La cantidad de dinero en efectivo que está circulando alrededor de las campañas políticas es impresionante. Son cientos, quizá miles de millones de pesos, en billetes nuevos de 500 y mil pesos, moviéndose en cajas de cartón que van de un lado a otro en camionetas particulares para pagar las nóminas de los operadores electorales. Son verdaderos ejércitos, marabuntas, al servicio de las inconfesables causas de los partidos (particularmente de PRI, PAN y PRD).
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Ni en su sueño más loco Teresa Castell ha imaginado que puede ganar la gubernatura del Estado de México. Sabe que eso es tan absurdo como imposible. Está en la contienda porque, desde el poder, la pusieron allí para hacer trabajo sucio, como golpear a cualquiera que haga sombra a Del Mazo, y para ridiculizar y degradar las candidaturas independientes. Le pagarán muy bien –15 millones de pesos, afirman algunos enterados–. Su perversidad es repugnante.
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Aquellos que, rabiosa y persistentemente, bloquearon e intentaron tumbar a Eruviel en los primeros cuatro años de su administración son exactamente los mismos que salivan por meterlo a la cárcel tan pronto termine su periodo. No actúan como adversarios políticos, sino como enemigos personales con sed de venganza. Ellos son los que estimulan los comentarios en las tertulias políticas sobre la presunta corrupción de Ávila Villegas y su gente, a quienes se refieren con desprecio como “pillos peores que Duarte”. Quieren la cabeza de Erasto, de César Gómez y de quien se les atraviese. Viven en permanente estado de furia.
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Gane quien gane, es un hecho que quien tendrá que irse antes de finalizar el año es el nuevo fiscal general del estado, a quien ninguno de los candidatos quiere en su equipo de trabajo. Mantener a Alejandro Gómez al frente de la procuración de justicia sería como premiar con cerillos y gasolina al pirómano que incendió el pueblo. Está acabado, no tiene futuro político. Peor aún: si perdiera el PRI, hasta su seguridad jurídica quedaría pendiendo de un hilo.
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