Por: Patricia Ramírez
El 20 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, específicamente en la comunidad de San Pedro Limón, 22 civiles murieron. Las causas y explicaciones del hecho, seis años después, siguen sin ser completamente aclaradas.
Un día después del suceso, el entonces gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas, mencionó en un acto oficial que tres personas habrían sido secuestradas como resultado del trabajo del ejército, felicitó a las fuerzas militares siguiendo la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que informó en un comunicado que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos en un enfrentamiento.
Unas semanas después, un reportaje de la agencia AP puso en duda la versión, señaló inconsistencias en el reporte oficial y las marcas de bala en el lugar de los hechos; poco tiempo después la revista Esquire publicó la versión de una testigo, quien dijo que sólo uno de los presuntos delincuentes murió en el enfrentamiento y los demás fueron ejecutados.
Las versiones abundaron, hubo pronunciamientos internacionales, entre ellos de Naciones Unidas, para que se esclarecieran los hechos; la gravedad del asunto trascendió porque –como menciona el comunicado publicado hace un año por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez– las ejecuciones a manos de militares sin sanción pueden repercutir en nuevas y graves violaciones a los derechos humanos.
Las ejecuciones a manos de militares sin sanción pueden repercutir en nuevas y graves violaciones a los derechos humanos
El 25 de septiembre la Sedena informó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición de un juzgado militar por “su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”, pero en 2016 fueron liberados por falta de elementos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasificó el caso, en 2015, como investigación de “Violaciones graves” de derechos humanos, en el documento “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, hace referencia a la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y la subsecuente Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, se destacan algunas partes donde se alienta la violación de derechos humanos; en el documento se generan controversias en torno al término “abatir” relacionado con la orden de “abatir delincuentes”.
Seis años luego de lo sucedido, en este caso, reina la impunidad, especialmente en un contexto en el que, apenas el 11 de mayo, se publicó el “acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Los organismos internacionales mantienen una preocupación permanente en los casos e donde las fuerzas armadas desempeñen tareas de seguridad
Los organismos internacionales mantienen una preocupación permanente en los casos e donde las fuerzas armadas desempeñen tareas de seguridad debido a que ello viola las recomendaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos; en el artículo “Principales efectos de la militarización del combate al narcotráfico en México”, Marcos Pablo Moloeznik señala que una estrategia de militarización de combate al narcotráfico se realiza “en detrimento de la necesaria estrategia integral que vaya más allá del objetivo de recuperación de los espacios públicos”; añade que esta tendencia de militarización presenta efectos nocivos “para el incipiente Estado democrático de Derecho en México: la creciente vulneración de los derechos humanos; el aumento de los índices de violencia y muertes violentas, que dan al traste con el sagrado derecho a la vida; la ficción o simulación jurídica que socava el pacto social vigente; el desgaste de las fuerzas armadas, que carecen de preparación y doctrina para el cumplimiento de la misión asignada, y el desaprovechamiento de otros instrumentos del Estado que pueden contribuir a la emergencia de una estrategia de carácter integral para la lucha contra el flagelo de la delincuencia organizada.”
En Tlatlaya, aunque los siete elementos, por orden de un tribunal federal del Estado de México, fueron detenidos una vez más, hasta el momento no ha habido alguna resolución respecto al tema.