Siguen apareciendo inconsistencias en las investigaciones del caso Tlatlaya.
De acuerdo con un artículo publicado por Animal Político, los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, donde presuntamente ejecutaron a supuestos integrantes del crimen organizado, declararon que al menos dos generales fueron informados de lo ocurrido ese día.
Sin embargo, los soldados modificaron sus declaraciones cuando recibieron la instrucción de despedir a sus abogados y aceptar sólo la representación de los abogados de oficio, designados por la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con sus primeras declaraciones, también dijeron que una vez ocurridas las ejecuciones recibieron la orden de cercar el lugar de los hechos para impedir la entrada de cualquier autoridad civil.
En esta publicación, se menciona que de acuerdo con otros testimonios detallan que minutos después de matar a las 22 personas que se encontraban en la bodega se dio una orden de “tender un cerco en los alrededores del municipio de Tlatlaya para evitar que cualquier civil o autoridad local llegara.”
Uno de esos testimonios detalla cómo en uno de los puntos del cerco militar se pidió a las 10 de la mañana a los ministerios públicos no avanzar debido a que los enfrentamientos aún continuaban, esto pese a que desde hacía horas ya habían terminado.
El portal de internet, señala que estos testimonios forman parte de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras que en los expedientes del juzgado hay dos declaraciones de militares que señalan que la orden fue colocar retenes en los alrededores para “dar tiempo a que los compañeros verificaran y dejaran lista la escena del crimen”.
Ante las distintas versiones que tiene la autoridad se sigue investigando los motivos por los cuales los agentes del ministerio público llegaron a la bodega a las 12 del medio día cuando fueron avisados a las dos de la madrugada del enfrentamiento.
En tanto, se sabe que hasta el pasado fin de semana ya habían sido reclamados 19 de los 22 cuerpos de las personas que murieron ese 30 de junio en Tlatlaya. Los tres que no han sido reclamados continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México
Y ayer, un juez federal admitió una demanda de amparo interpuesta por el coronel Raúl Castro Aparicio, comandante del 102 batallón de infantería, al que pertenecían los ocho militares detenidos e involucrados en el caso Tlatlaya. El oficial manifestó el temor a ser detenido y torturado por autoridades policiacas. Sin embargo autoridades federales niegan que exista dicho mandato en su contra.