En un nuevo episodio de confrontación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el decreto que categorizaba las grandes obras del ejecutivo federal como temas de seguridad nacional.
La votación del pleno, con ocho votos a favor y tres en contra, invalida el acuerdo que buscaba resguardar la información relacionada con proyectos clave, entre ellos el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentó una impugnación contra el decreto y la SCJN respaldó su postura. El máximo tribunal argumentó que el acuerdo aprobado en noviembre de 2021 era contrario a la constitución, ya que obstaculizaba el acceso a la información por parte de los ciudadanos en relación con las obras gubernamentales.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado del proyecto en la SCJN, lideró los argumentos que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad. Entre las razones citadas se destacó la amplia y ambigua redacción del decreto, que dificultaba el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz defendieron la validez del decreto, argumentando que este no afectaba las funciones del INAI ni implicaba la reserva total de información sobre los grandes proyectos. Sin embargo, su postura generó un debate con el ministro Javier Laynez, quien calificó su posición como ingenua.
Esta resolución profundiza las tensiones entre el gobierno de López Obrador y el poder judicial. Desde enero, el presidente ha manifestado su descontento hacia el poder judicial y ha tomado medidas como instruir a sus funcionarios a no contestar llamadas provenientes de la Suprema Corte. La situación se ha vuelto más tensa desde el nombramiento de la ministra Norma Piña, habiendo habido ataques directos hacia ella y los demás ministros durante las conferencias matutinas.