A un mes de aceptada la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde advierte que dos de las testigos fueron torturadas para cambiar sus declaraciones sobre lo ocurrido el 30 de junio en una bodega de San Pedro Limón, donde los militares fusilaron a por lo menos 16 personas, no hay imputaciones o investigaciones sobre el personal que realizó estas acciones y cambiar al procurador, Alejandro Jaime Gomez Sánchez es un tema descartado.
Aunque el gobierno estatal aceptó las 8 recomendaciones hechas a la procuraduría mexiquense, que señalaban desde una indemnización a las testigos hasta iniciar los procedimientos penales contra el personal que las torturó, ahora piden más tiempo para cumplir con las observaciones.
En conferencia de prensa, el procurador, Jaime Alejandro Gómez confirmó que hasta el momento no hay ningún funcionario separado de su cargo, pero, según su dicho, están siendo investigados, aunque no hay una fecha para obtener un resultado, ni tampoco cuántos son los involucrados en el caso.
Reiteró que las dos testigos siguen presas, a pesar de que las presuntas alteraciones en sus declaraciones hechas ante la PGJEM pudieron colocarlas en esta posición, lo único que ha hecho la dependencia es entrar en contacto con ellas para establecer la manera en que serán indemnizadas y pedir su registro al padrón nacional de víctimas.
El tema de la profesionalización y la capacitación en materia de derechos humanos, se está trabajando, expresó el funcionario.
De esta manera es que el gobierno asumió los señalamientos de tortura y encubrimiento hechos por personal de la procuraduría que dio origen a un respaldo total del gobierno con respecto a las acciones de los militares, hasta que dio a conocer el fusilamiento de los civiles por parte de la CNDH.