“No puede ser, apenas puedo creerlo, después de tantas llamadas me contestó y me dijo que en quince minutos nos comunicábamos; en cambio, unos días antes de la elección él era quien me buscaba, ‘que mi hermano’, ‘que mi equipo’, y ahora ni la llamada me quería recibir; pero esto me merezco por confiado…”, se queja amargamente el maestro Armando, profesor estatal con veinticinco años en el servicio, quien recibió una notificación –vía correo electrónico– el jueves por la noche, para darse por enterado de que deberá presentar el examen para la permanencia este año. “Yo que les creí, pero parecían tan seguros; dijeron en una reunión que a quienes estábamos participando con ellos nadie nos iba a molestar, es más, dijeron que ya tenían un acuerdo con Ana Lilia Herrera, la secretaria de Educación; aseguraron que para todos los que estaban en la estructura no habría evaluación; que se frieguen quienes están en contra o reniegan de la estructura, decían…”. El nombre del maestro supuestamente no aparecería en las listas.
Recordemos que, a inicios de mayo, en muchas supervisiones escolares a los docentes se les avisó (sin documento alguno que así lo acreditara) que habían sido seleccionados para ser evaluados en noviembre de este año.
Hubo muchas inconformidades; el temor por aplicar el examen para la permanencia –que coloca en riesgo la estabilidad laboral del trabajador– se ha incrementado en relación con la primera aplicación, de 2014; ahora se conoce que los docentes que no se presentaron a la evaluación fueron cesados de su trabajo y nada se sabe de ellos. Las televisoras se encargaron de difundir la fuerza del estado, no hubo defensa para nadie: ni las marchas, ni los acuerdos evitaron la separación de los maestros de su trabajo, según se dijo durante varias semanas.
Las angustias y presiones empezaron el jueves y el viernes de la semana pasada, días en que llegaron las notificaciones a los correos electrónicos. Muchos profesores están desesperados, buscando alguna forma de defenderse de la selección arbitraria; no saben a ciencia cierta cómo y por qué fueron incluidos en las listas fatales. Algunos dicen que así lo decidió el supervisor o el director, “porque no les caen bien”; también aseguran que es una forma de desquite. “Simplemente no nos llevamos bien”, aseguran algunos.
Las notificaciones vienen con irregularidades (no traen el nombre correcto de las escuelas, apellidos erróneos, entre otras); sin embargo, es claro en señalar que se programan cursos a partir del mes de julio. El proceso de evaluación inicia formalmente en septiembre; subirán las evidencias de cada uno de los profesores a evaluar a la plataforma. Del 4 al 24 de noviembre será el examen de los 135 reactivos en las sedes que se determinen, y en donde el aplicador está facultado para permitir el ingreso de la policía federal de ser necesario, para evitar cualquier brote de inconformidad.
El maestro Armando dice que los “quince minutos” se convirtieron en días; fue hasta este lunes en la mañana que entabló comunicación con su protector sindical. La respuesta que recibió lo dejó helado y enojado: “Profe, la evaluación es una obligación constitucional, tú lo sabes”, le dijo. “Le contesté que por qué entonces dijeron que esta evaluación iba a ser voluntaria, que tenían acuerdos con la Secretaría de Educación y no sé qué tanto”. “Mira, profe, ¿qué no sabes que ya hay nueva secretaria de Educación? La anterior ya no está, y con ella se hicieron los acuerdos; pero si ya no está, entonces ya no hay acuerdos, así de fácil. Sí me entiendes, ¿verdad? Entérate, ¿o en qué mundo vives…?”.
Asegura que colgó el teléfono. Nada había que hablar, todo había sido un engaño: ni protegido, mucho menos influyente, “y todo porque les creí”, asegura el maestro Armando.
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