Foto: Cuartoscuro.
Ahora que Emilio Lozoya ha pasado por dos audiencias en las que lo vincularon a proceso, una por el caso de la compra de la empresa “chatarra” Agronitrogenados y otra por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República investiga a los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, entre ellos a dos expresidentes del PRI.
La denuncia de la Auditoría Superior de la Federación –encargada de revisar el gasto público ejercido por el gobierno federal mexicano– que señalaba a Lozoya, exdirector de Pemex, por las irregularidades de la compra de Agronitrogenados también apunta a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Adminitración de Pemex y a Enrique Ochoa Reza, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, que se desempeñaron en algún momento como presidentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI.
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En información publicada por El Universal se señala que además de estos personajes también se alude a Edgar Torres Garrido, exasesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agronitrogenados, así como Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, entonces subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SE, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De esta manera, la FGR inició una carpeta de investigación sobre los daños económicos por la adquisición de la planta que luego de la compra tuvo que venderse, en 60 por ciento de lo activos, como chatarra “85 bienes tuvieron un costo de adquisición de 15.5 millones de dólares, unos 192.2 millones de pesos”; esta compra cara y venta en chatarra generó una pérdida de 182.4 millones de pesos.
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La carpeta de esta investigación a los miembros del consejo apenas se está armando y, señala El Universal, es diferente a la que “se judicializó el año pasado, por la que Lozoya Austin está viculado a proceso por lavado de dinero”.
Los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 199.2 millones de pesos y que se vendieron como chatarra representaron una pérdida de más de 182.4 millones de pesos.