Los autoproclamados municipios indígenas de San Francisco Tlalcilalcalpan y San Felipe de la Rosa, junto con organizaciones sociales del Estado de México y del país, preparan una jornada de protestas a partir del 11 de noviembre en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, durante la discusión del presupuesto 2022.
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Sus demandas fueron presentadas en un pliego petitorio entregado el 4 de noviembre en San Lázaro, en el que solicitan una audiencia con el Presidente de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Carlos Gutiérrez Luna; así como una audiencia con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la modificación al proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, presentado por el Ejecutivo Federal con la integración de sus propuestas.
“Desde la Legislatura se puede desprender el presupuesto para trabajar en la comunidad. Hacen falta muchas obras que nunca fueron contempladas por el ayuntamiento de Almoloya de Juárez, requerimos un nuevo pozo de agua potable, un hospital del tercer nivel, una universidad pública, un nuevo panteón, una unidad deportiva, servicios básicos de electrificación, agua potable y alumbrado público”, dijo Hugo Mota.
Él forma parte del Concejo Mayor de Gobierno popular de San Francisco Tlalcilalcalpan y en entrevista explicó que la falta de avance en sus demandas, los escasos apoyos de los programas federales y la gestión que realizó Morena del gobierno municipal de Almoloya de Juárez, los ha llevado a cuestionar más al gobierno federal.
“Está manejado para únicamente beneficiar a los grandes proyectos bandera de la 4T que no benefician realmente a los pueblos, más que a los empresarios que ganan, porque se les destina presupuesto”.
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En el documento entregado a los diputados federales cuestionan
- El alza presupuestaria de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;
- El incremento presupuestal del 70 por ciento a la Secretaria de Turismo;
- El aumento presupuestal del 60 por ciento a la Guardia Nacional y;
- Las alzas presupuestales a la que denominan “la alta burocracia del Estado Mexicano”: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia Ciudadana y el Consejo de la Judicatura Federal.
“Han bajado presupuesto en otros rubros para alimentar estas obras, además se le da más presupuesto a la Guardia Nacional y el ejército, vemos preocupante eso, porque no vemos que cumplan el cuidado de la población, la inseguridad sigue creciendo (…), están más preocupados en atender las obras que les están entregando, se les da demasiado presupuesto y no están aportando a la sociedad” Señaló Hugo Mota.
Los pueblos y organizaciones solicitan en su documento que se eliminen los incrementos en estos rubros y se reasignen a la atención de “la emergencia económica, de salud, de empleo, de seguridad social, de vivienda, de educación, de justicia y atención a víctimas, entre otros”.
También proponen ramos presupuestales para subsidios a los alimentos básicos, productos básicos y servicios esenciales, para Vivienda Social, para la Generación de nuevos empleos en las industrias productivas públicas y un Apoyo Económico Universal de Emergencia.
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Evodio de la Cruz, representante de la presidencia Indígena Mazahua de San Felipe de la Rosa, explicó que también participaran con al menos seis comunidades que demandan electrificación y acceso al agua potable.
“El objetivo es pelear el presupuesto de 2022 (…). Creo que el gobierno nos ha traído vuelta y vuelta y no nos ha resuelto nada y ya estamos cansados, el pueblo manda, el pueblo decide, el gobierno es gobierno, pero los que mandan es el pueblo”.
El documento está firmado por 13 organizaciones y movimientos entre los que destacan el Concejo Mayor de Gobierno popular de San Francisco Tlalcilalcalpan, la Presidencia Indígena Mazahua de San Felipe de Rosa y el Frente Popular Revolucionario que también tiene presencia en el Estado de México.
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