Ya la semana pasada comentábamos en este mismo espacio que el llamado “gasolinazo” se debe específicamente a impuestos que el Estado mexicano espera cobrar a quienes utilizan dicho combustible. Vale la pena comentar ahora sobre el destino del dinero que se recaude. Tomemos el ejemplo de la gasolina Magna: debe saberse, de entrada, que el precio de cada litro es de 8.08 pesos, si a eso le sumamos un monto de un peso con 18 centavos que cuesta el traslado y almacenamiento de cada litro, ya la Magna estaría rondando los 9.26 pesos. La ganancia para cada gasolinera que lo expende es de 91 centavos por litro. Eso nos lleva a la cifra de 10.16 pesos por la Magna. Pero si ahora se está vendiendo en 15.99 ¿a qué se debe? Básicamente a dos impuestos: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al IVA. Así es, por tales conceptos estamos pagando 5.82 pesos por cada litro de gasolina.
Ahora, hay algunos detalles que vale la pena explicar, porque información precisa es algo que ha faltado mucho en este problema que hoy vivimos. IEPS no sólo se paga en la gasolina, es un impuesto que se aplica por la producción y venta o importación de bebidas alcohólicas y cigarros, principalmente. Es además un impuesto que no paga el empresario que hace negocio con esos productos, sino el consumidor final. El que fuma, el que bebe y el que le pone gasolina a su carro. El empresario sólo lo recoge y lo tiene que entregar a Hacienda mensualmente.
El IEPS que se recauda con la gasolina es un monto fijo que no está relacionado directamente con el precio internacional de este producto. La cantidad por concepto del IEPS que recauda la Secretaría de Hacienda es de 3.18 pesos por litro de gasolina Magna, 3.59 pesos para la Premium y 3.58 pesos por litro de Diésel. Y eso es algo fijo, independientemente de que el precio de la gasolina en el mundo suba o baje a lo largo del año. ¿Por qué?, sencillamente porque en México todavía el precio del combustible lo fija la autoridad, no está del todo “liberalizado”; lo estará hasta el próximo año.
Ahora, cuando se han aprobado estos impuestos especiales a productos como las bebidas alcohólica o los cigarros, el argumento es simple: que esos “vicios” cuesten; que si alguien es adicto al cigarro, pues que ello le pegue al bolsillo y quizá hasta lo piense dos veces y, en beneficio de su salud, deje de consumir. Lo mismo aplica con las cervezas o los vinos.
En el caso de los combustibles, como la gasolina y el diesel, la literatura especializada consigna que alrededor de los años 80 muchos países industrializados (y con crecientes problemas de contaminación ambiental) comenzaron a utilizar el cobro de impuestos a los combustibles como una herramienta para hacerse de más dinero público y reducir los perjuicios a la capa de ozono. Naciones como Finlandia, Suecia, Alemania, Noruega, Reino Unido e Italia, entre otros, reformaron sus leyes fiscales llegando a incrementar considerablemente los ingresos hacendarios vía la recaudación. Con el paso del tiempo, se han realizado estudios comparativos que revelan que, entre un buen número de los países que pertenecen a la OCDE, el 80% del precio de los combustibles son impuestos que se aplican bajo un principio básico: “el que contamina paga”.
El IEPS petrolero que se busca cobrar en México vía gasolinas y diésel, es el resultado de la diferencia que existe entre el precio de venta al público (sin IVA) y de referencia internacional de estos productos; como en México durante los últimos años vendió la gasolina casi siempre por debajo del precio de referencia internacional, se obtuvo una “recaudación negativa”, que implica alrededor de 1.2% del PIB. Eso abrió un gran boquete en las finanzas públicas.
Hay un informe del Banco Mundial (Carbono Pricing Watch 2016) en donde se elogia la cantidad de dinero que se está recaudando vía el IEPS y el rubro específico de “impuesto al carbono”: unos mil millones de dólares anuales. La pregunta, entonces, es: ¿en qué se emplea ese dinero? Si es un impuesto “verde”, en el sentido de que se cobra como impuesto especial, encaminado a disminuir el impacto ambiental, ¿por qué no se ha hablado de eso para nada? Es sencillo, porque están cobrando un impuesto especial pero no con un plan de largo plazo para proteger el ambiente, sino como un recurso deseperado para llenar el boquete que se abrió en el erario público y tener dinero que, en buena medida, se ocupa en cosas que todo mundo a criticado: gastos personales y de representación, publicidad, lujos en general para el aparato gubernamental y corrupción.
Si se nos va a cobrar el impuesto especial a los combustibles fósiles es preciso que se diga en qué programas especiales se va a aplicar ese dinero, porque si va a ir a sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos, pues estamos en un gran problema no sólo interno (por el hartazgo y enojo de la gente) sino frente a los ojos del mundo, especialmente frente a ese club de países ricos que es la OCDE y al que algunos se ufanan de que pertenecemos.