A partir de este martes entrará en vigor en México la «Ley 3 de 3 contra la violencia», que establece que ningún deudor alimentario, acosador o violentador pueda acceder a cargos públicos y de elección popular.
Dicha reforma se publicó el pasado lunes 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) declaró que la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público contribuye a desmontar la violencia estructural que impacta a las mujeres, niñas y adolescentes.
¿Qué es la Ley 3 de 3?
Esta ley establece la suspensión de derechos laborales dentro del gobierno a personas que cometieron violencia contra mujeres.
Con la modificación al artículo 38, aquellas personas que tengan una sentencia definitiva por
- Abuso sexual
- Violencia familiar
- Violación a la intimidad sexual
- Delitos contra la vida y la integridad corporal
- Delitos contra el desarrollo psicosexual
no podrán postularse a ningún cargo público, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Tampoco podrán ser postulados a un cargo de elección popular.
En el artículo 102 se contempla que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) se requiere
- Ser ciudadana mexicana por nacimiento
- En ejercicio de sus derechos
- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación
- Contar con antiguedad mínima de 10 años
- Con título profesional de licenciatura en derecho
- Gozar de buena reputación y
- No haber sido condenada por la comisión de delito doloso
Decreto contra violencia de género
La agrupación Las Constituyentes Mx impulsó la reforma previo a las elecciones de 2021 con el objetivo de que ningún agresor de mujeres acceda a algún cargo desde el que pudiera seguir ejerciendo violencia de género.
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El Congreso de la Unión fue quien avaló estas modificaciones y se suman a las que ya establece dicho artículo. Personas prófugas de la justicia o con sentencia ejecutoria y suspensión no podrán registrarse como candidatas a cualquier cargo de elección popular ni solicitar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Además, tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán ajustar sus Constituciones en los próximos 180 días naturales para dar cumplimiento al decreto.