Este martes, familiares de personas injustamente presas en penales del Estado de México se manifestaron frente a la Cámara de Diputados mexiquense para exigir la aprobación de la Ley de Amnistía.
En la Plaza de los Mártires, más de 500 personas asistieron a este acto que convocaron el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), la plataforma Haz Valer Mi Libertad, así como los colectivos Presunción de Inocencia y Juntos por la Libertad.
«La Ley de Amnistía es el paso mínimo, no se puede quedar en la congeladora», dijo Antonio Lara Duque, vocero del CDHZL. Añadió que la aprobación de la iniciativa «[dejaría] en evidencia un sistema de justicia que no ha funcionado», motivo por el cual se ha visto entorpecida.
Lara Duque insistió en que debe implementarse una perspectiva de derechos humanos en la Ley de Amnistía, para que no se trate solo de un catálogo de delitos –como sucedió a nivel federal con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Rebelión de los Nadie, «no tenemos nombre, sino un número»
La cantidad de personas injustamente encarceladas no es clara. El colectivo Presunción de Inocencia estima que son más de 13 mil, mientras el CDHZL asegura que las cifras de “falsos culpables” ascienden a 19 mil en el sistema penitenciario mexiquense.
La realidad es que son miles y cada caso resulta tan dramático como los demás.
José Riviera Sánchez se dedicaba a la albañilería en Ocoyoacac. Desde hace tres años se encuentra recluido en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, condenado, como en muchos casos, sin una orden de aprehensión a 70 años por el delito de homicidio.
Martín Tapia tiene 38 años y desde hace 11 años permanece privado de su libertad en el penal de Chiconautla, acusado de delincuencia organizada. Martín es originario de Michoacán y era agente de ventas.
Los hermanos Mario Luviano y Violeta Luviano recibieron una sentencia de 40 años en el penal de Mixqui, en Chalco, por el delito de extorsión. «Entraron a mi casa y se los llevaron al medio día civiles armados sin orden de aprehensión, fueron torturados«, comentó su madre para AD Noticias.
Daniel Placido, joven herrero originario de Toluca, está condenado a 70 años por un delito que no cometió. Sus familiares señalan que a Daniel lo identificó una presunta víctima de secuestro por estar «moreno y sucio». «Mi hijo no es ningún delincuente y lo condenaron a 70 años, toda su vida», sentenció Alejandro Placido, padre de Daniel frente a los asistentes al evento.
La lista es interminable, gente inocente está condenada «por sus pendejadas» mencionó el profesor Oscar González Neri, ex preso político y actualmente activista en pro de la Ley de Amnistía, al referirse a la actuación de las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia.