Persiguen más a mujeres que abortan que a feminicidas en el Edomex

Persiguen más a mujeres que abortan que a feminicidas en el Edomex
Con la intención de exigir la legalización del aborto en Edomex, mujeres se sumarán a las diversas protestas que habrá en Toluca este #28S

En el Edomex –de 2015 a 2022– se han abierto más carpetas de investigación por aborto que por feminicidios. La Fiscalía General de Justicia estatal tiene registro de 863 investigaciones por abortos, mientras que en el mismo periodo, 812 asesinatos de mujeres fueron averiguados con atenuantes de violencia de género.

La entidad mantiene en el artículo 250 de su código penal las condenas de uno a tres años de prisión para mujeres que se provoquen un aborto.

Las únicas causas que permite la ley para interrumpir el embarazo son cuando exista violación, que sea imprudencial o culposo, cuando haya peligro de muerte para la madre y por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto.

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A nivel nacional solo nueve entidades despenalizaron el aborto, cinco de ellas lo hicieron luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su persecución en Coahuila, el 7 de septiembre de 2021.

“Las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta”, señaló el tribunal en un comunicado.

Los números del aborto en Edomex

En el Edomex no existen registros oficiales sobre las estadísticas de mujeres que han practicado un aborto. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) con información de la Secretaría de Salud.

Dichas mediciones toman en cuenta el número de defunciones fetales por abortos provocados. Al respecto, el Estado de México, desde 2007 a 2021, registró mil 96 muertes fetales.

Además, en los mismos 16 años, al menos 69 mil 30 mujeres mexiquenses acudieron a una de las 15 unidades médicas en la Ciudad de México que ofrecen servicios de interrupción legal del embarazo.

Es decir, un promedio mensual de 4 mil 344 mexiquenses han abortado en la Ciudad de México desde 2007, cuando se despenalizó en dicha entidad.

Acerca de la comparativa con la judicialización del feminicidio, el porcentaje de muertes violentas de mujeres investigadas por razones de género es bajo. De enero a julio de este año, solo el 21.76 por ciento de los asesinatos fueron tipificados como feminicidio.

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De 2017 a la fecha se han emitido 212 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, señala el documento público del quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Criminalización del aborto

En las leyes penales del Estado de México es más probable que las atenuantes de género se apliquen para investigar un aborto que un feminicidio.

El artículo 250 del código penal establece una pena de seis a dos años de prisión cuando una mujer aborte “para ocultar su deshonra”. En este sentido, la integrante del colectivo Equalita Mx, Justine Rodríguez, apuntó que dichas atenuantes “permiten que puedas denunciar a una mujer más fácilmente por cuestiones como que ‘tiene mala fama’”.

En entrevista con AD Noticias, declaró que la violencia sistémica e institucional influyen a que haya mayor persecución de mujeres por delitos como el aborto.

“La impartición de justicia también es algo muy importante, porque es mucho más fácil que pase una denuncia por aborto que una por feminicidio. Estas atenuantes te permiten hacer más fácil la denuncia por aborto y castigar, perseguir a la mujer.

“Además, la violencia llega a ser tan fuerte en los ámbitos familiares que un aborto puede darse en el hogar y puede castigarse a la mujer porque no obtuvo esta atención médica”, expresó.

Persecución a acompañantes de aborto

Rodríguez comentó que en el Edomex también se persigue a quienes asisten o acompañan un aborto, como parteras o médicos y médicas aliadas de colectivos.

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El código penal impone de tres a ocho años de prisión a quien asista un aborto. Para los profesionales de la salud se contempla la suspensión del ejercicio de sus funciones hasta por 20 años.

“Hay una vinculación institucional y una discriminación institucional muy fuerte, porque no solamente estamos recibiendo persecución por parte de la sociedad, sino que también la persecución viene directamente de las instituciones públicas.

“Pese a que el acompañamiento no está penalizado y no hay ningún delito dentro de la compañía (a mujeres que abortan), las autoridades pueden generarte cualquier delito como activista dentro del Estado de México”, denunció Rodríguez.

Señaló que el hostigamiento se presenta en instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

“La persecución también viene para las universitarias que necesitan el acceso al aborto, sabemos que es una población que puede necesitar este acceso”, apuntó.

En este sentido, resaltó la labor de colectivos y redes de mujeres que se organizaron para ofrecer información sobre prácticas de aborto seguro. Ellas orientan a mujeres que pasan por este tipo de situación.

“Nosotros seguimos fuertes y el acompañamiento se sigue dando en el Estado de México. Eso también es importante decirlo, el acompañamiento se hace a cualquier mujer a distancia, de manera presencial. Creo que nunca se habla del acompañamiento”, manifestó la activista.

Redes de acompañamiento de aborto en Edomex

La mayoría de las mujeres que deciden abortar lo hacen solas, en silencio y no informan a sus familiares o parejas, aseguró la integrante de la red de mujeres acompañantes, Daniela Medina.

“Las mujeres tenemos acceso a abortos seguros, siempre y cuando sean informados. Yo estoy totalmente en contra de esa consigna de que las mujeres mueren en abortos clandestinos. Cada vez es meno real; incluso son muy pocas las mujeres que necesitan atención médica después de un aborto con medicamentos.

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Desde hace 13 años, Daniela es acompañante de mujeres que deciden abortar. Les da información, les enseña el procedimiento con medicamentos, les da seguimiento a sus casos. Hace cuatro años lo hace a través de redes sociales.

“Vimos que había que abrazar a las mujeres y enseñarles que este proceso es muy normal. Muchas lo viven en algún momento de su vida, más de las que lo cuentan, eso es muy importante. Se considera que al menos una de cada cuatro mujeres ha vivido algún aborto, aunque sea silenciado”, declaró.

El proceso de acompañamiento inicia cuando las mujeres las contactan, en ese momento cualquiera de las integrantes de la red puede tomar el caso. Se les hace un cuestionario para saber si son candidatas a un procedimiento con medicamentos.

Luego la acompañanta, le indica las instrucciones; el colectivo puede comprar los medicamentos y en ocasiones donarlos. Posteriormente, se da el seguimiento en horas y semanas posteriores por posibles complicaciones.

“Hay cada vez más mujeres que se dejan acompañar y hay cada vez más acceso a la información. Hemos visto muchas mujeres que han vivido un proceso con nosotras y que dicen: ‘yo quiero acompañar a mi amiga que también necesita hacerse un aborto’. Entonces ya no solo somos acompañantes, sino también somos un poco maestras de las nuevas generaciones”, compartió Daniela Medina.

La activista informó que atienden a la semana entre siete y 17 mujeres en sus procedimientos de aborto con medicamentos. El acompañamiento es integral y no solo se centra en la cuestión médica o fisiológica, también brindan apoyo emocional y psicológico.

“Tenemos en común que todas somos racializadas, todas hemos vivido situaciones de pobreza y tenemos una conciencia de clase, creo que muy crítica. En muchos casos además hemos vivido algún proceso de aborto o hemos acompañado a alguien muy cercano a vivir este proceso”, señaló la activista.

Medina declaró que estas redes de acompañamiento surgieron por la falta de atención médica que existe en el estado, ya que al estar perseguido por la ley, el aborto no se puede atender en unidades de salud.

Añadió, además, que en clínicas privadas de la Ciudad de México, donde sí es legal el aborto, el costo del procedimiento va desde los 2 mil 500 a los 13 mil pesos.

Por ello, resaltó la necesidad de crear políticas públicas que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Edomex.

“No solamente necesitamos abortos seguros, necesitamos también educación sexual integral, necesitamos respeto a nuestros cuerpos. Una de las pautas principales de la educación sexual integral es el consentimiento y en esto aún vemos que hay muchas fallas. Entonces, la lucha no va a acabar ahí y también porque a pesar de que sea legal, los tabús van a seguir durante muchísimo tiempo”, manifestó.