El gasto corriente del gobierno estatal superará este año la demencial cifra de 168 mil 418 millones de pesos, una fortuna para echar a andar a ese gigante corrupto, de pies de barro, en que se ha convertido la administración pública. Es una cifra grosera ante una población con tantas carencias y necesidades. Ahora sí que “gobierno rico y pueblo pobre”.
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Cuando se analiza al detalle en qué gastan esas montañas de dinero, uno queda con la boca abierta al enterarse de que la nómina del gobierno ya supera los 53 mil millones de pesos al año (más o menos, cuatro mil 500 millones al mes). Para darse una idea, es mucho más de lo que pagan en Bimbo, Televisa, Telmex, Nestlé, Oxxo, Corona o cualquiera de las 25 marcas más grandes y productivas del país. Lo peor de todo es que la contraprestación de esa supernómina es muy pobre, mediocre.
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Eso no es todo: es injusto, obsceno, que el Estado de México destine casi la misma cantidad para pagar intereses y amortización de pasivos a la banca privada –la mayoría extranjera– que en pensiones y jubilaciones a sus trabajadores retirados. De acuerdo con los anexos del Presupuesto de Egresos 2017, este año se pagarán cuatro mil 441 millones de pesos en intereses de la deuda pública; tres mil 732 millones en amortizaciones de créditos; dos mil 55 millones en adeudos de ejercicios fiscales anteriores; dos mil 916 millones en lo que pomposamente llaman “pagos de compromisos anteriores” –es decir, la deuda vencida–, y dos mil 341 millones para el pago de proyectos de prestación de servicios, que no son otra cosa que los grandes negocios que se hicieron con la obra pública entregada a Higa, OHL y Prodemex, entre otras. Un verdadero saqueo legalizado.
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Un estado que destina más dinero a pagar a los bancos y a las deudas con sus amigos proveedores de obra que a su universidad pública más grande y prestigiosa –como es la UAEM– está inevitablemente sentenciado al fracaso. Este año, para bancos, más de 10 mil millones y, para la Universidad Autónoma del Estado de México, apenas poco más de cuatro mil 676 millones.
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Ese, sin duda, es uno de los problemas estructurales más graves que padece la entidad y que, sexenio tras sexenio, se ha agravado. Trasciende a las personas o los partidos en turno en el gobierno. Es urgente una revisión profunda y un nuevo acuerdo social para gastar, de una manera más racional, honesta y eficaz, los recursos públicos; pero en las campañas ninguno de los candidatos habla de eso… quién sabe si por cinismo o ignorancia, pero al caso es igual de grave.
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Un comentario se repite una y otra vez, entre risas cínicas, por gente cercana al candidato del PRI: “éste está peor que Duarte”. Se refieren a Eruviel. Algunos de ellos son los mismos que hace unos años se tronaban los dedos ansiosos para saber la hora en que sería removido el gobernador.
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