Antonio Lara Duque, defensor de derechos humanos, participó en el Conversatorio AD para hablar sobre la Ley de Amnistía y las principales problemáticas a las que se enfrenta el sistema de justicia en el Estado de México.
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El abogado es coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero e impulsor de la Ley de Amnistía en el Edomex; además de tener amplia trayectoria en la defensa de personas injustamente presas.
En entrevista explicó la importancia que esta ley tiene para la impartición de justicia en la entidad. La ley fue aprobada por el Congreso Local el pasado 20 de diciembre de 2020 y, al ser una ley transitoria, finaliza en septiembre de este año.
La aprobación ha sido un paso importante, ya que desde hace 50 años el tema de las personas injustamente encarceladas no figuraba en la agenda pública. Por ello, es un logro que ha colocado al Edomex como referente en este ámbito y ha merecido el reconocimiento de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
Lara Duque explicó que la Ley de Amnistía del Edomex homologó la ley federal que contempla otorgar libertad a personas que hayan cometido delitos menores. Uno de esos delitos es el aborto, para quien lo haya inducido o para una mujer que decidió abortar por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación.
Asimismo, el delito de narcomenudeo por posesión, es decir, únicamente para quien haya tenido bajo su dominio una dosis de alguna sustancia para consumo propio. Otro delito es robo sin violencia sin superar un monto de 35 mil pesos y, finalmente, el delito más grave que contempla la amnistía es el robo con violencia, solo cuando no haya armas de fuego y cuando lo robado no supere los 8 mil pesos.
Sin embargo, hasta ahora solo 400 personas que fueron encarceladas por delitos menores han podido acceder a la Ley de Amnistía.
El abogado precisó que hay más de 19 mil 500 personas presas por delitos que no cometieron, que son más de la mitad de las personas privadas de la libertad, ya que en la entidad hay por lo menos 30 mil presos. Principalmente están en la cárcel por las condiciones de desigualdad que enfrentan como la pobreza, la discriminación por ser indígenas, rezago educativo; entre otros.
“Es gente que está por ser pobre, gente que está por ser de pueblo originario, de pueblo indígena, es gente que está porque no tuvo acceso a una defensa o porque el defensor público le dijo fue que se declarara culpables”, precisó.
El defensor de derechos humanos argumentó que la movilización de personas en torno a la aprobación de la ley y a su cumplimiento obliga a las autoridades a resarcir un daño que el propio Estado ha cometido al recluir a personas inocentes. Además de obligar a las instituciones a incrementar los estándares en torno a la impartición de justicia, ya que en el país la justicia no se garantiza, por ejemplo, el derecho de los indígenas a tener un intérprete.
Por otro lado, añadió que hay un ejercicio sistemático en donde los jueces juzgan con una figura de testigo único; sin embargo, eso no debe seguir así porque las pruebas periciales ya permiten corroborar si las acusaciones tienen sustento. Por ello, “recurrir a la figura testimonial significa mantener un sistema de justicia que usábamos en la prehistoria, hoy la ciencia y la tecnología permiten avanzar”.
Asimismo, expuso la situación de las personas que llevan más de 10 años con prisión preventiva, sin acceso a una sentencia. Por lo que posiblemente el tiempo que llevan bajo esta categoría jurídica ya es suficiente para el cumplimiento de su sentencia. “Eso es una prisión preventiva excesiva, incluso, si lo sentenciaran él prácticamente ya cumplió la sentencia”, expuso.