En México las personas desaparecidas son ya un “objeto” al que podemos dirigir la conciencia. Los mexicanos, lamentable y tristemente, tenemos una representación social del fenómeno de los desaparecidos. Ya es parte de nuestro léxico, ya es una materia legislada, ya es una práctica habitual en las instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia. No es tanto el número —que ya rebasa las 100 mil—, es más bien la regularidad, lo cotidiano. No hay día en que no desaparezcan personas en casi todo el territorio nacional. Llevamos décadas así.
Institucionalizar la gestión de encontrar cuerpos sepultados de manera ilegal
El grado de naturalización del fenómeno es tal que existe en nuestro país un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes. Dicho en otras palabras, hemos institucionalizado la gestión de encontrar cuerpos sepultados de manera ilegal y clandestina. Por ello, fue expedida, en 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Igualmente, existe una Comisión Nacional de Búsqueda y ya casi todas las entidades del país han creado su propia comisión estatal.
Estas instancias que han visibilizado y regulado el terrible fenómeno fueron creadas debido a la presión social, sobre todo manifestada a través del creciente número de colectivos dedicados a buscar a sus familiares. Por años, el gobierno de la República, sobre todo durante los sexenios de 2000 a 2012, había negado este problema y buscaba a toda costa “desaparecer a los desaparecidos”. Es decir, negar su existencia y clasificar de una y mil formas los casos para negar que existiera una acción recurrente.
Reconocer el problema
Sí, gracias a los cientos o miles de familiares de desaparecidos que se dedicaron a rastrear, escarbar, preguntar y cuanta acción fuera necesaria para dar con el paradero de sus familiares, el gobierno federal se vio obligado a reconocer el problema. Fue ya en el sexenio pasado que ello ocurrió y, como dijimos, en 2017 se expide la Ley, misma que consideraba la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, pero que solo se nombraba, no existía.
Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas
Esto cambió, pues la semana anterior la Fiscalía General de la República anunció que, a partir del 29 de mayo del presente año, entrarán en operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas. A través de un aviso general, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dijo lo anterior y con ello —se supone— contaremos con una interconexión gradual de aquellas bases de datos, archivos y sistemas, tanto federales como estatales, en las que pudiera existir información de utilidad para localizar a personas que guardan la condición de “no localizadas”.
Hace cinco años publicamos en este mismo espacio un texto aludiendo a este tema señalando que estábamos en proceso de “aparecer a los desaparecidos”. Pero no en el sentido de que fueran halladas las personas o sus cuerpos, sino de reconocer que existen miles y miles de casos. “Por más que suene a un contrasentido, fue la sociedad la que obligó a la autoridad a aparecerlos jurídica y administrativamente”, señalaba en ese texto.
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Expectativa cero
Con los antecedentes de poca eficacia en el trabajo de las fiscalías estatales y General de la República, genera casi nula expectativa el anuncio de la entrada en operación de este Banco, que aglutina una docena de bases de datos ya existentes, (relacionadas con fosas, información genética, huellas dactilares, identificación de voz, de casos de tortura, entre otros). Aunque podrían resultar de utilidad para la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida o no localizada.
En este banco van a concentrarse datos, pero no dicen nada solos. Es necesario ordenarlos, hacerles preguntas, orientarlos de una manera tal que apoyen, en este caso, a la ubicación de personas que en su momento fueron reportadas como desaparecidas y que, eventualmente, habrían perdido la vida, encontrándose su cuerpo en el servicio médico forense, en una fosa común o clandestina. Para que esto ocurra tendría que haber personal de las fiscalías atando cabos, formulando hipótesis, buscando patrones, vaya, haciendo investigación. Esto último es lo que me temo que no se va a estar haciendo, al menos como lo demandan las dimensiones del problema. Ojalá me equivocara.