El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, descartó que el retraso en la publicación de las reformas al Código Penal para sancionar las terapias de conversión sexual y las relativas al Código Civil para lograr el cambio legal de identidad de género responda a presiones, o intervenciones de la Iglesia y afirmó que no hay marcha atrás en esos temas.
“No, en lo absoluto hay opiniones de todos los sectores de la sociedad, unos a favor y otros en contra y nosotros somos respetuosos, escuchamos todas las opiniones, a partir de lo cual podemos formar un criterio más amplio sobre lo que es más correcto, más conveniente, pero no se echa para atrás” señaló.
Si se diera el caso de que el Ejecutivo les regrese cualquier decreto con algunas observaciones, dijo, se procedería a remitirlo a comisiones para subsanar y volver a enviarlo al pleno para una nueva votación, pero bajo ningún concepto se echan para atrás estas decisiones.
En lo que se refiere a las terapias de conversión, aprobadas en el pleno el 20 de octubre pasado, sostuvo que el documento se envió en tiempo y forma al Ejecutivo, pero entienden que por la pandemia no han trabajado regularmente; por lo cual esta semana revisarán el estado que guarda, pues hasta el momento no han recibido ninguna observación.
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Tampoco ha habido alguna notificación de parte del Ejecutivo, pero esperan tener una respuesta formal en los siguientes días, para saber si hay algún problema o carencia que subsanar, pues podría haber observaciones.
En el caso del cambio de identidad el acuerdo no se ha enviado al Ejecutivo porque hay una serie de aspectos que deben revisar y ajustar porque de lo contrario esas inconsistencias pueden provocar que se detenga en el Ejecutivo.
El sábado pasado un grupo de mujeres se manifestó frente a la Legislatura, pintó el edificio y algunos monumentos con consignas porque no se ha resuelto su petición de despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
A pesar de los daños, acotó el diputado Maurilio Hernández, decidieron no presentar denuncia por daños porque consideraron que su objetivo era llamar la atención y decidieron no caer en provocaciones, ni darles elementos.
Desconoció por qué se llevó a cabo la movilización en sábado cuando no hay legisladores en el Congreso que pudieran recibirlas y explicarles en qué etapa están las iniciativas de ley sobre ese tema, pero reconoció el derecho a expresarse y manifestarse.
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