El 26 de septiembre se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso ha desmentido la denominada verdad histórica presentada por el exprocurador general Jesús Murillo Karam en 2015, quien está preso.
Cuatro militares también se encuentran detenidos por delitos de desaparición forzada. Se han librado al menos 46 órdenes de aprehensión contra implicados, pero también liberado a 120 detenidos.
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Sin embargo, al momento aún se desconoce el paradero de los estudiantes, por lo que los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia.
Te presentamos cinco claves para entender el caso.
Desaparición forzada
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de un ataque armado cuando iban a bordo de autobuses en Iguala, Guerrero. 43 jóvenes desaparecieron esa noche.
Policías municipales, estatales, militares y miembros de grupos del crimen organizado presuntamente estarían relacionados con el secuestro.
En las versiones establecidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dijo que miembros de las corporaciones policiacas locales estaban coludidos con criminales, a quienes entregaron a los 43 para que los desapareciera, toda vez que los acusaban de sustraer drogas en los autobuses que viajaban.
Como parte de los avances presentados en agosto pasado por del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas mostró que los 43 estudiantes fueron separados en diversos grupos, incluso algunos estuvieron vivos hasta el 30 de septiembre de 2014 cuando fueron asesinados presuntamente por órdenes del entonces coronel José Rodríguez Pérez.
La verdad histórica
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó lo que se nombró como la verdad histórica, que determinó que los estudiantes “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
Dicho informe señalaba que un grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con miembros de una organización rival llamada Los Rojos. Policías municipales coludidos habrían detenido a los jóvenes y entregado a los criminales, quienes los asesinaron e incineraron en los márgenes del río San Juan.
El reporte señalaba que la intención de los normalistas era boicotear un informe de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF en la entidad.
La verdad histórica señalaba que no había pruebas que vincularan a autoridades locales ni federales con los hechos.
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Identificación de restos
Los restos de Alexander Mora Venancio fueron identificados en diciembre de 2014, por investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encargado de los peritajes del caso Ayotzinapa confirmó los resultados.
Sin embargo, en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó de irregularidades en las diligencias realizadas por el equipo de investigación de Tomás Zerón en el río San Juan en octubre de 2014.
Supuestamente, los fragmentos óseos fueron encontrados en el río San Juan el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, hay evidencia de la manipulación de la escena del crimen sin que haya registros oficiales de los trabajos. Por ello, el EAAF supone que hubo implantación de evidencia.
La identificación de Alexander Mora sustentaba la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, pero las inconsistencias provocaron que se abrieran nuevas líneas de investigación.
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El 16 de septiembre de 2019, una vez más la Universidad de Innsbruck, identificó los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz y el 7 de julio de 2020 reconoció los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Alejandro Encinas reveló que con la obtención de los restos y su procesamiento se desmintió la versión que todos los estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula.
Las detenciones
En los primeros años de investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, las órdenes de aprehensión y detenciones se centraron en presuntos integrantes de grupos criminales. Sin embargo, conforme se dieron a conocer las irregularidades del caso, funcionarios fueron arrestados.
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca se encuentra detenido por delincuencia organizada. Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo”, está preso por su presunta participación en el asesinato de los estudiantes.
Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, fue identificado como presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición.
Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de la República.
El exprocurador Jesús Murillo Karam está detenido y vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
El general del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita; y del sargento Eduardo Mota Esquivel están presos acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
En tanto, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio está prófugo en Israel. Y el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera cuenta con orden de aprehensión.
Un crimen de estado
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población Y Migración de la Secretaría de Gobernación concluyó que:
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado. En el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Existen elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal ‘Isidro Burgos’ hasta su desaparición.